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martes, junio 28, 2022

Del boicot a los hospitales públicos y otras “triquiñuelas” políticas del gobernador del Quindío

El Departamento más pequeño de Colombia en el continente está acostumbrado a todo. Corrupción, malversación, manipulación, deslealtades, cartas marcadas, promesas incumplidas, venganzas y trampas, entre otras estratagemas para hacerse con el poder y/o permanecer en él. A lo anterior, ahora se le deben agregar las “triquiñuelas”, que el diccionario define como astucias, trucos, pretextos o subterfugios, para dar apariencia de una cosa, cuando realmente en el fondo se hace otra. Algo así como tirar la piedra y esconder la mano.

No está bien jugar con fuego. La salud a través de los hospitales públicos es uno de los más preciados patrimonios de los ciudadanos, muy afectados por el modelo impuesto por los últimos gobiernos, en los que las EPS se han convertido en el peaje más caro, porque se quedan con la tajada más grande de los 60 billones de pesos que cada año están sobre la mesa en Colombia. Y no se trata de estricto robo, sino también de los dineros que nunca se pagan, a través de barreras contables que les imponen a las IPS, cuando estas pasan sus cuentas de cobro por servicios ya prestados.

Y si a lo anterior se le agrega, que algunos mandatarios regionales, hacen lo propio, para glosar (devolver) facturas (el mismo accionar de las EPS), hacerse los pendejos, posar como que no es con ellos, silbar, mirar para otro lado, hacer caras de estupor y echarle la culpa a otro de su propia ineptitud, pues se convierte en la tormenta perfecta, para la debacle local de la salud.

Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, gobernador del Quindío

Un profesional de la salud, que no quiere al sector

Lo del Quindío es increíble. Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, odontólogo de profesión, dedicado por muchos años a la atención de niños y con causas destacadas como la Fundación Abrazar (se aclara esta última ONG, frente a su objeto social), está haciendo todo lo posible por recuperar el poder en los hospitales, que una vez compartió con sus ex socios políticos, pero ya sentado en el trono del piso 19, les hizo pistola. La salud la convirtió en su caballo de batalla.

Cuando les declaró la guerra a comienzos de 2021 a sus mecenas, utilizó toda su autoridad para despachar los recomendados de sus ex tutores. Aquellos que no le pasaron la renuncia, los declaró insubsistentes. Hasta ahí lógico y obvio (cuando el gobernante rompe con un grupo político, los saca de la administración). A los que no pudo quitar del camino, los aburrió con presiones de todo tipo y a los que no fue capaz de “despachar”, fraguó el plan para desacreditarlos ante la opinión pública: los gerentes de los hospitales con periodo fijo, bajo el ente departamental, hoy están contra las cuerdas.

Tiempos felices… Los gerentes de los hospitales departamentales de Calarcá y San Juan de Dios se posesionaron a comienzos de 2020. Su periodo es de cuatro años, pero todo puede suceder en el cambiante mundo de la política.

Hospitales, su objetivo militar

Primero fue con Calarcá. Allá utilizó todas las falencias que tenía la ESE La Misericordia, que son demasiadas, muchas de ellas llevan décadas sin solucionar, pero Roberto hábilmente le echó más sal a la herida. A través de sus aliados en la Villa del Cacique, se dice insistemente en los corrillos, que fabricaron marchas, protestas, paros y carpas (por debajo de cuerda, también señalan muchos ex allegados, hoy también caídos en desgracia burocrática, que financió ollas comunitarias por semanas). A los colaboradores de esa empresa social del estado no era la primera vez que se les demoraba el sueldo, sin embargo, si el propio presidente de la junta directiva “sopla con todas sus fuerzas la choza de paja”, y para completar, no le paga sus facturas, pues era más que obvio el resultado: el rancho se cae y la intervención del organismo de control llega. El gerente salió por la puerta de atrás, en cambio, el gobernador asumió su papel de salvador, mientras los calarqueños se quedaron varias semanas sin centro de salud público.

Hoy, no se sabe si fue peor el remedio que la enfermedad. El hospital de Calarcá sigue intervenido, con los mismos problemas, con casi los mismos servicios cerrados. El agente interventor de la Supersalud devenga más de $15 millones mensuales, pero la entidad sigue congelada en el tiempo. Las EPS no pagan la totalidad de sus deudas. En otras palabras, la burocracia cambió de manos, y todo sigue igual. Muchas de las ayudas que hoy le da la gobernación, gestiones ante las EPS para que hagan abonos a sus multimillonarias obligaciones, otras también con el gobierno nacional, las habría podido hacer con la administración anterior, pero no. Ese gerente ya se había salido de sus afectos. Lo quería afuera y lo logró.

El Agente Especial Interventor para La Misericordia, Freddy Orlando Rojas Arias (nombrado por la Supersalud), devenga más de $15 millones mensuales, en un hospital aparentemente quebrado

Lo contrario ocurre en el vecindario. Los gobernadores de Caldas y Risaralda, con los que Roberto sale repetidamente en fotos, sí se la juegan por sus hospitales que también están en crisis: hacen hasta lo imposible para evitar el cierre de cualquier empresa social del estado local; encabezan demandas de cobro coactivo masivas contra las EPS para que les paguen; hablan en la Superintendencia Nacional de Salud para que les agilicen las cuentas; en el Ministerio de Salud consiguen recursos; con el Presidente Duque insisten hasta el cansancio que el gobierno nacional debe ponerse al día con las deudas de atención a migrantes venezolanos, y les hacen giros de sus propias deudas a esas entidades. En fin. Acá no. La última propuesta que reencauchó, porque es vieja, fue unir las IPS públicas de la cordillera quindiana, ponerles un solo gerente, un solo cuerpo administrativo y bajar costos. Por Dios. Si supiera lo que piensan los alcaldes de eso, no les volvería a dirigir la palabra…

Un armisticio en elecciones

Las recientes elecciones para Congreso de la República generaron una “calma chicha”, como para no afectar más la lista liberal a la Cámara, de lo que estaba. Y por encima de los escándalos nacionales que también le echaron más leña al fuego, fueron meses de aparente paz. Mejor dicho, un fingido armisticio. Aquellos gerentes de hospitales que no siguieron sus instrucciones el 13 de marzo quedaron entre ceja y ceja, así fueran municipales. Lo mismo ocurrió con los alcaldes, a algunos de ellos escasamente los saluda en los actos oficiales. “Tiene en sus manos la chequera de las regalías y por eso nos toca peinar moños y tragar sapos”, dicen varios mandatarios, claro, en privado.

Muchos hospitales del Quindío tienen problemas, no solamente económicos sino administrativos, locativos, logísticos, de equipos e insumos, dificultades que perfectamente pueden ser atendidas o solucionadas por la Gobernación del Quindío, ante la iliquidez de los municipios, pero no. Aquellos funcionarios (así no los haya nombrado él) que no le dan la “palmadita” en la espalda, no lo feliciten por sus repetidas condecoraciones, ingresan a la lista negra. Y ni hablar de los que le llevan la contraria.

Un representante a la Cámara electo le cantó la tabla en público a Roberto Jairo en una reunión de la Cámara de Comercio de Armenia (Alianza por el Quindío). Le dijo en su cara John Edgar Pérez “Perea”, que no se podían cerrar más hospitales por humedades, goteras y por inconvenientes que perfectamente podían ser subsanadas con una actitud más proactiva, propositiva y no perseguidora. La respuesta del gobernador fue clara: frunció el ceño, se paró y se fue de la reunión (como un niño chiquito). No hay nada más qué decir, el video que circula en redes sociales dice todo.

Curiosamente, después de estar cerrados los hospitales de Quimbaya y Salento, a los días todo fluyó por arte de magia y las cosas comenzaron a solucionarse. En Salento, el caso más grave, comenzaron a pintar, a arreglar goteras, a cambiar tablas, tejas y se comenzó una dotación.

En la más reciente reunión de los congresistas electos del Quindío, con representantes de la Procuraduría, Contraloría y de la Secretaría de Salud Departamental, el representante a la Cámara, John Edgar Pérez preguntó qué pasaba con las deudas que el departamento tenía con el Hospital San Juan de Dios

“Si no lo puedo sacar, califiquémoslo mal”

El nuevo objetivo militar es el Hospital Universitario San Juan de Dios “La Joya de la Corona del Departamento en materia de salud”. El mismo Perea declaró en LOS JUANES, que era increíble que el gerente de esa entidad, Rubén Darío Londoño Londoño fuera el personaje del año en 2020, por su destacado papel en el manejo de la pandemia. En el 2021 su gestión también fue más que protagónica, porque el San Juan de Dios, a diferencia de los hospitales universitarios vecinos que son más grandes y poderosos (Risaralda, Caldas, Valle y Antioquia), nunca colapsó en el momento más grave y de mayor demanda de servicios de la epidemia del coronavirus. Incluso, se convirtió en el centro de salud en donde se recepcionaron los casos más graves de Covid-19 del departamento. El hospital se mantuvo abierto y funcionando. Nadie lo puede negar, ni el mismo gobernador. No obstante, el gerente hoy no le sirve al mandatario seccional, para sus propósitos venideros.

El mandatario hablaba bellezas del hoy gerente, Rubén Darío Londoño Londoño. Hasta se tomaba fotos con él. Su relación era «aparentemente» excelente, pero la procesión iba por dentro…

La respuesta de Roberto Jairo, quien se tomó cientos de fotos con Londoño, cuando llegaban los equipos durante la pandemia y las donaciones fluían por gestión de la gerencia, los gremios y la sociedad civil, fue ordenar a sus subalternos en la máxima instancia de decisión de la ESE, que lo calificaran con una muy baja nota. “Curioso, que los demás miembros de la Junta Directiva, que no controla el gobernador, le pusieran una evaluación excelente, pero cuando se promedia el gerente se raja”, reafirmó el congresista electo Perea.

La cereza del pastel es que el departamento del Quindío le debe cerca de 10 mil millones de pesos al Hospital San Juan de Dios, cuyas facturas fluyen a paso de tortuga en la Secretaría de Salud departamental, por orden suprema del piso 19.

En las últimas horas un comunicado de la administración departamental asegura que 80% de esas cuentas son por atenciones a migrantes venezolanos pobres. Se le recuerda a Jaramillo Cárdenas que es precisamente él, como Presidente de la Junta Directiva del Hospital y quien tiene el contacto directo con el gobierno nacional, el que debe recordarle que le giren al hospital. Ojalá que acepte este consejo este fin de semana de elecciones, porque el Ministro de Salud Fernando Ruiz Gómez está sábado y domingo (28 y 29 de mayo) a su disposición, como delegado del presidente de la República en el Quindío.

Fuente: Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos

Cifras oficiales que maneja la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Acesi, indican que, a 31 de diciembre de 2021, el Departamento del Quindío le debe a los hospitales públicos del Quindío $12.147 millones por concepto de población pobre. El total de la cartera de la red hospitalaria en el departamento supera los 153 mil millones de pesos.

¿O será más bien, que la intención también es la de marchitar al hospital de zona, como hizo con La Misericordia, para después posar una vez más como su salvador?

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