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martes, junio 28, 2022

Todos los ojos en el Quindío sobre Proyecta

Los investigadores de la Fiscalía General de la Nación tienen en la mira cada uno de los contratos que suscribió no solamente Proyecta, la recién creada empresa industrial y comercial del estado, traída al mundo por el gobernador Roberto Jairo Jaramillo a unos meses de haberse posesionado, sino los convenios que alcanzó a suscribir la Promotora de Vivienda del Quindío, anterior razón social, todo dentro del marco del escandalo que sacude a la región, por presuntos casos de corrupción.

Localmente, los medios se han ocupado del por qué esa empresa fue incluida en el informe de la revista Semana, pero especialmente cuáles serían sus vínculos con el proceso de presunto favorecimiento en la suscripción de contratos en varias regiones del país.

La primera tesis para muchos organismos de investigación tiene que ver con la “bonanza” de contratos que comenzó a suscribir Proviquindío que fueron seguidos de manera exponencial por Proyecta, lo que el mismo reporte de la Junta Directiva publicado el 11 de enero de 2022, en donde el informe de la gerencia, a cargo de Pablo César Herrera Correa, da cuenta de un “comportamiento histórico en las ventas de la entidad”.

Haber logrado una cifra superior a lo conseguido por la antigua Promotora de Vivienda del Quindío en sus catorce años de existencia representada en contratos por más de $173.000 millones -que con algunas adiciones el monto llega a ser de aproximadamente $200.000 millones-, refleja la gran gestión realizada por Proyecta en el 2021. Este balance de gestión fue presentado en su primera junta del año, en donde se fijó como reto ejecutar las obras correspondientes con eficiencia, transparencia y responsabilidad, permitiendo el desarrollo y la competitividad del Quindío y dejando en alto el nombre del departamento ante todo el país”, dice textualmente la noticia publicada en la página web de la compañía (www.proyecta.gov.co).

En otras palabras, pasar por concepto de una operación comercial de $3.500 millones prevista para 2020, a $142 mil millones en 2021 y $200 mil millones en 2022, podría dejar boquiabierto a cualquier analista.

¿Cuál es el secreto, cómo lo lograron?

Es decir, la primera pregunta que asalta es cómo lo lograron, qué fue lo que hicieron el gobernador Roberto Jairo Jaramillo, como presidente de la Junta Directiva de Proyecta y Herrera Correa, como Gerente General, para incrementar las ventas de la compañía 5.700% (mejor dicho 57 veces más) en tan solo unos meses, en algo menos de dos años.

Las inquietudes pasaron de ser, meras reflexiones a una enorme habilidad comercial, gerencial y estratégica y a excelente gestión y de contactos a nivel nacional; a la suspicacia y la especulación, que incluye el vínculo directo con el escándalo que estalló en los últimos días.

Esos mismos cuestionamientos buscan establecer el por qué, de alguna forma, de manera sorpresiva, entidades nacionales que nunca volteaban a mirar a Proviquindío, ahora con el cambio de vestido y ya convertida en la “Empresa para el Desarrollo territorial Proyecta” comenzó a generar tantos ingresos.

Contratistas de Proyecta capturados

Si Proyecta no tiene nada que ver con el escándalo y su gerente dice estar tranquilo, todos se preguntan por qué la Fiscalía incluyó a la entidad en la lista de investigados. Además, ¿por qué dos de los capturados hacen o hicieron parte del “staff” de asesores de la gerencia de Proyecta? Se trata de Alejandro Noreña Castro quien suscribió en 2022 un contrato de prestación de servicios profesionales especializados de asesoría técnica para apoyar el desarrollo y fortalecimiento institucional para la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de la empresa. CPS 025 DE 2022 (PROYECTA QUINDIO). Su hermano, José Eduardo Noreña Castro también suscribió otro contrato de prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento a la entidad en la ejecución de un contrato interadministrativo con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social: CPS 071 2022 (PROYECTA QUINDIO). El valor de este convenio es de 49 mil millones de pesos, suscrito entre Proyecta y el DPS, con ejecución en el Tolima, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Chocó, los mismos departamentos en los que la Fiscalía General de la Nación investiga el caso de presunta corrupción, y en donde operaban, al parecer, los capturados.

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