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sábado, junio 19, 2021

“Rosario de errores de la Gobernación en revisión de acuerdo sobre intereses de mora de valorización”: equipo jurídico de la Alcaldía (I)

Ante la tremenda polémica que surgió por la publicidad de los argumentos expuestos por la Gobernación del Departamento, que en cumplimiento de sus atribuciones, pidió al Tribunal Administrativo del Quindío (TAQ), una acción de revisión del Acuerdo 197 de 2021 que pretende condonar los intereses de mora a los ciudadanos que se niegan a pagar la contribución del nefasto proyecto de valorización, pero que en forma “malintencionada” se presentó ante un medio de comunicación como una forma de “revivir el cobro” de esa contribución, el equipo jurídico en pleno de la Alcaldía de Armenia adelantó una reunión extraordinaria para evaluar las tesis de la administración seccional.

LOS JUANES, de manera exclusiva, tuvo acceso a los detalles puntuales de esa junta, integrada por expertos de diferentes ramas del derecho constitucional: administrativo, contencioso, disciplinario y hasta tributario, igualmente especialistas en administración financiera y tributaristas, que una vez más revisó con lupa el auto de revisión 194 de mayo 18 de 2021 y el auto de observación, avalados por el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas con su firma.

La mecánica que utilizó el equipo fue el de estudiar previamente durante varias horas los dos documentos, cada profesional por separado. Posteriormente hicieran una especie de plenaria, en la cual se le exigió al equipo la mayor objetividad, con el fin de sopesar los “potenciales” yerros anunciados en los documentos de la gobernación, que ya son públicos.

No menos de 20 personas coincidieron en que el acto de revisión y de observaciones aludido es un “rosario de errores de interpretación de las normas constitucionales, de los fallos de la Corte Constitucional, un claro desconocimiento del derecho tributario y hasta calificaron en alguno de sus apartes, como una irrupción en asuntos que no le competen al gobierno de Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, relacionados con el municipio de Armenia”, indicaron.

La memoria corta tiende a equívocos

Si se analiza el tema solo por encima, esbozando únicamente los últimos acontecimientos (incluso de meses atrás), para muchos, solo quedarán en su mente los detalles más recientes de esta tragedia llamada “Valorización”, por eso es necesario echar memoria y hacer claridad, antes de cualquier cosa.

En la administración de Luz Piedad Valencia Franco se aprobó la valorización en 2014

La historia tiene mínimo siete años.

El Acuerdo 020 de 2014 que le dio vida a la valorización en Armenia, fue impulsado y sancionado en la administración de la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco, quien junto a su ex esposo y otros ex funcionarios, que se encuentran cumpliendo penas de cárcel por haberse apropiado de dineros públicos o haber permitir actos de corrupción, buscaba la realización de doce obras claves para la movilidad de la capital quindiana.

La importancia de ese proyecto vial, que nadie discute, de ser hoy una realidad, habría partido en dos la historia de la planeación territorial de Armenia (esta ciudad sería literalmente otra), pero que, debido a los actos delincuenciales, admitidos o comprobados por la justicia penal contra una serie de ciudadanos, lo que huela a “valorización” en esta zona del país, está absolutamente estigmatizado y satanizado, porque sí o porque no.

Francisco Valencia, actualmente paga una larga condena por el desfalco de valorización

Una papa muy caliente. Todos le hacían el quite

La opinión pública local clamaba desde hace varios años que se resolviera el lío, que “alguien por el amor de Dios” hiciera algo, que las cosas no quedaran así. El riesgo reputacional para ese “alguien” que asumiera semejante desafío, con esa “papa caliente” era evidente, máxime en un departamento en donde la intriga, las mentiras que parecen verdades y los manejos por debajo de la mesa para hacer daño, son pan de cada día.

El señalado era el alcalde de turno. Sin embargo, los armenios no pueden olvidar que el sucesor de Luz Piedad Valencia, el filósofo Carlos Mario Álvarez Morales, también fue involucrado en el mismo escándalo de dineros de valorización, por presuntamente haber aceptado multimillonarios dineros de parte de esa casa política para financiar su campaña para llegar precisamente al cargo público más importante de la ciudad. Francisco Valencia (esposo de Luz Piedad en su momento) involucró en sus declaraciones ante la Fiscalía a Carlos Mario, quien estuvo preso durante varios meses en Pereira, situación que lo obligó a renunciar antes de concluir su mandato y hoy, ya en libertad, lo tiene enfrentando una batalla jurídica en la que busca demostrar su inocencia.

Mientras se resolvía la situación de un mandatario en propiedad, Armenia tuvo al menos cuatro alcaldes más, todos encargados. Ninguno ni siquiera consideró el tema de valorización, porque era una palabra casi que prohibida en el CAM.

Los últimos quince meses del mandato de Álvarez fueron ocupados por Oscar Castellanos, quien para su defensa, argumentó que con respecto al tema de valorización, recibió una montaña de decenas de cajas con papeles prácticamente tiradas en muchas dependencias. El común denominador eran expedientes originales claves perdidos. Fueron necesarios muchos meses y un ejército de profesionales para hacerle una reconstrucción forense al proyecto. La Secretaría jurídica logró hacer la reclamación de las pólizas que respaldaban los contratos en 2019, un tire y afloje que demoró un año, que a la postre, buena parte de esos dineros, comenzaron a ser recuperados efectivamente en 2020. Pero el daño ya estaba hecho. No se trataba de simplemente recuperar lo que se robaron, el prestigio del mecanismo de financiación de las obras ya está por el suelo y los bancos han sido los únicos que han ganado. La administración en 2015 hizo un préstamo de $46.500 millones, más los intereses de mora que son de $14.000, es decir, los contribuyentes tendrán que pagar en realidad $60.500 millones al sector financiero, de entrada un negocio “chimbo” para la gente.

Imágenes como esta llenas de vergüenza a los armenios.

José Manuel no se podía escapar

Una vez asumió el cargo por elección popular José Manuel Ríos Morales el 1 de enero de 2020, uno de los temas a los que no le podía hacer el quite era el de valorización, él lo sabía. Tarde o temprano tenía que “cogerlo” con pinzas o con guantes, solo era cuestión de tiempo, el que se alargó por cuenta de la suspensión por tres meses de la Procuraduría. La pandemia de Covid-19 también hizo lo suyo todo el 2020. Literalmente la agenda de los mandatarios regionales del país fue archivada y todo se concentró en el coronavirus. Vale la pena recordar que Armenia fue la última ciudad capital en aprobar su Plan de Desarrollo 2020-2023 en octubre pasado, lo que atrasó aún más las cosas, como si fuera poco.

Una vez la Defensoría del Pueblo interpuso una acción popular, la administración suscribió un Pacto

 de Cumplimiento avalado por un juez de la república. Ese fue el primer round de muchos venideros, que le costó el primer varillazo a José Manuel, por cuenta de los plazos para hacer las obras (diez años).

El segundo round fue la aprobación del proyecto de Acuerdo 197 de abril de 2021, el que hoy es el florero de Llorente de la polémica con la gobernación, el que modifica varios apartes del original (Acuerdo 020 de 2014).

Según el mismo alcalde, con ese acuerdo se busca dar solución a dos temas puntuales de carácter financiero y en especial tributario: el primero corresponde a la condonación de intereses de mora y el segundo, la destinación de los mismos.

Choque de trenes llenos de abogados: CAM Vs CAD

No obstante, para el Gobernador y su equipo, el acuerdo genera varias dudas que deben ser despejadas por el Tribunal Administrativo del Quindío, hasta ahí todo normal, es su deber. Pero lo que enrareció el ambiente fueron los argumentos jurídicos y la forma como lo comunicó.

La disputa de criterios entre abogados es evidente. Los profesionales del derecho del CAM consideran las observaciones, no solo como aventuradas, sino desproporcionadas y en gran medida irresponsables, porque ponen un manto de duda sobre el verdadero sentido y las intenciones del acuerdo, lo que, por supuesto enrarece, aún más, las relaciones entre ambos mandatarios, quienes ya claramente estaban distanciados en la práctica, así se saluden en público.

Uno a uno los argumentos esgrimidos por los abogados de la gobernación fueron controvertidos por el “ejército” de otros juristas de la alcaldía, en lo que se torna en la más reciente pelea jurídica de estos dos edificios, que una vez más se enfrentan, esta vez por cuenta de la validez o no de seguir cobrando la valorización con o sin intereses de mora.

En una siguiente edición entregaremos los detalles de la disputa de cada uno de los términos avalados desde el piso 19 del CAD por el odontólogo Jaramillo. Ellos son: violación a la Constitución Nacional; no retroactividad (irretroactividad); caducidad del Acuerdo 020 de 2014; no inclusión del tema en el Plan de Desarrollo; devolución de dinero porque las obras no se hicieron; improvisación, e inobservancia del Pacto de Cumplimiento, entre otros.

Estos son los autos de revisión que radicó la Gobernación:

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